Fujimori, rapidito nomás, decidió someterse a la figura de la “conformidad limitada o relativa”, que, en sus propias palabras significaría: “Sólo acepto los hechos, pero no la responsabilidad penal, ni las penas ni la reparación civil”. Conchudo. Así no es. Como lo ha explicado el vocal supremo César San Martín, aceptar la conformidad limitada significa “admitir los hechos en la forma en que están narradas en la acusación”. Y esto, ya sabemos, se trató de uno de los tantos escándalos sobre cómo se manejaban los recursos públicos en los tiempos de Fujimori.
En resumen, para los olvidadizos, Fujimori firmó un decreto de urgencia para transferir 15 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para ejecutar un inexistente plan contra la penetración de las FARC. La plata en realidad iba a los bolsillos de Montesinos para pagarle “por los servicios prestados” al régimen. Todos los testimonios (Bello, Ibárcena, Boloña y hasta el mismo Montesinos) así lo indican. Por eso, Fujimori no ha tenido más remedio que reconocerlo y admitirlo. Para evitarse el careo público y televisado sobre cómo hacía sus chanchullos con Montesinos. Y lo hace también para evitar perjudicar la campaña de Keiko, su potencial salvadora.
Su defensa esgrime, asimismo, que no hay delito porque hubo reposición. Pero, como ha dicho uno de los procuradores, acá no hubo reposición: El dinero se lo llevó Montesinos. ¿De dónde sacó entonces Fujimori 15 millones para devolver? Pues está claro que de su bolsillo no salieron, sino, otra vez, de las arcas estatales. ¿O le pagaron esa cantidad por haber vendido alguna propiedad? Por su parte, Carlos Raffo, quien no puede más de fanático y cerril y va por la vida con una jeta que se la pisa, ha dicho que Fujimori le dio esa platita a Montesinos como “una medida excepcional, para evitar un golpe de Estado” (sic). ¡Ja! Va para el anecdotario.
A todo esto, importante el comentario de Pedro Cateriano en la página editorial de El Comercio. Hace notar que ha pasado desapercibida una noticia de alto impacto político y jurídico: la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha absuelto a los nueve ex ministros cómplices del golpe de Estado que perpetró Fujimori en abril de 1992. Esta resolución, anota Cateriano con escrupulosidad de notario, revoca la condena benigna de cuatro años que había impuesto la Sala Especial de la Corte Suprema a los ex ministros acusados de complicidad secundaria en el zarpazo del 92. “Sostener ahora que son inocentes constituye un verdadero escándalo jurídico”, ha dicho.
Pedro Salinas