El séptimo

Tomado de La República.- Columna Controversias, de Fernando Rospigliosi.- Mientras la seguridad ciudadana se deteriora aceleradamente, el gobierno del presidente Alan García sigue a la deriva y no le da importancia al tema.

Uno de los más nefastos legados del segundo gobierno de Alan García será la catástrofe de la seguridad ciudadana, que se percibe en el incremento de la violencia, en la proliferación de asesinatos por sicarios, en la multiplicación de los robos, en el hecho de ser los primeros exportadores de cocaína del mundo, pero, sobre todo, en la descomposición de las organizaciones encargadas de perseguir el delito, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

Primeros en América Latina

En un reciente libro de Julio Carrión y Patricia Zárate, se analiza una encuesta (Barómetro de las Américas) realizada en toda la región, en la que se muestra que el Perú tiene el triste privilegio de encabezar la lista de la peor percepción de seguridad en América Latina. (“Cultura política de la democracia en el Perú, 2010”, IEP-Vanderbilt University).

Pero no es solo la percepción. También en la pregunta sobre victimización (“¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos doce meses?”), que es una medida internacionalmente reconocida para estimar la incidencia delictiva, el Perú aparece en el primer lugar en América Latina.

Poco más del 31% de entrevistados dice haber sido víctima, cifra que aumenta a un impresionante 46% si se añade algún miembro del hogar del entrevistado.

¿Mal de muchos?

Por supuesto, podría servir de consuelo pensar que en Río de Janeiro, Brasil o Ciudad Juárez, México, están peor. Pero no hay consuelo que valga. Allí se llegó a esa situación luego de recorrer un camino que ahora está transitando el Perú.

Peor aún. En esos lugares están entrampados en un círculo vicioso de violencia delincuencial, corrupción y más violencia, del que no van a salir, por ejemplo, invadiendo las favelas con tanquetas. Esos son recursos desesperados, que sirven solo para impresionar a la población y hacer creer que se está haciendo algo drástico.

En ninguna parte del mundo se ha derrotado a la delincuencia con vehículos blindados. La solución es sencilla, pero a veces imposible de aplicar cuando el sistema político e institucional está podrido: que los organismos encargados de combatir el delito funcionen con eficiencia y honestidad. Concretamente la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

A nadie le importa

Es impresionante observar cómo, a pesar de que el problema de la inseguridad encabeza la preocupación ciudadana, ni el gobierno ni los políticos le dan importancia alguna.

Alan García ha mostrado un desprecio olímpico por la seguridad. No solo no ha tenido una propuesta para luchar contra la inseguridad, sino ha designado para el Ministerio del Interior a personas notoriamente incapaces, ya sea por su filiación partidaria como Luis Alva Castro y Mercedes Cabanillas, o por su servilismo, como Octavio Salazar.

García ha privilegiado su interés en manejar el Mininter para sus intereses particulares, poniendo ministros que podían acatar sus órdenes sin dudas ni murmuraciones, aunque el resultado de esas gestiones fuera el deterioro de la seguridad y la descomposición de la Policía.

Más preocupante aún es que ninguno de los candidatos que aparecen hoy en día liderando las encuestas le den importancia a la seguridad. En CADE 2010, el ex ministro Gino Costa presentó el tema de seguridad. Los organizadores habían entregado esa –y varias otras presentaciones temáticas– a los candidatos para que las comenten.

El resultado fue desalentador. Ninguno dijo nada, salvo algunas frases sueltas para cumplir.

El destino de Hidalgo

El séptimo ministro del Interior en cuatro años y medio es el general Miguel Hidalgo, con una trayectoria reconocida. Es el tercer policía que nombra García (los anteriores fueron Remigio Hernani y Octavio Salazar).

Un problema que tiene Hidalgo es que pertenece a una institución carcomida por enfrentamientos y pugnas internas. Él es parte de eso.

Pertenece a la antigua Guardia Republicana, tiene una promoción, un grupo de oficiales que lo sigue y crece a su sombra, y muchos enemigos.

De hecho, quienes lo filmaron y difundieron el video de Hidalgo fueron otros policías.

Gran parte del tiempo y las energías del ministro van a estar dedicadas a defenderse de los ataques, ciertos o falsos, que sus rivales filtrarán a los medios.

Tampoco podrá realizar la tarea más urgente e importante hoy en día en la Policía: limpiarla de la corrupción que la está desintegrando. Es un oficial con más de tres décadas de servicio, con muchas amarras en la institución.

Realistamente, lo único que cabe esperar es que no lo haga mucho peor que sus antecesores.