Editorial de El País.- La nueva filtración de Wikileaks aporta pruebas concluyentes sobre las sentinas de una guerra como la de Irak, emprendida por motivos que cada vez se revelan más insensatos y conducida con una brutalidad que nada tiene que ver con la propagación de la democracia que Bush y sus adláteres de las Azores invocaron como coartada. Si el argumento más concluyente contra la invasión era que las libertades no se pueden imponer a un tercer país por la fuerza de las armas, la nueva filtración de Wikileaks obliga a añadir un corolario hasta ahora evidente: menos aún mediante la tortura, la violación o la matanza indiscriminada de civiles. Un fin como la democracia no justifica tales medios execrables.

No todos los atropellos de los que dan cuenta los documentos publicados por Wikileaks, hasta ahora no desmentidos por ninguna fuente, fueron perpetrados por las tropas norteamericanas. Pero esta constatación no representa, siquiera, un magro consuelo en medio de tanta barbarie. Porque el perverso mecanismo instaurado tras la invasión consistía en dejar el trabajo sucio, por no decir directamente criminal, a las fuerzas iraquíes, a las que se les garantizaba la impunidad por la vía de impedir cualquier investigación. Más aún: los mandos estadounidenses amenazaban a los iraquíes detenidos con librarlos a la policía y al Ejército de su propio país como medida de presión.

Más allá de las consecuencias políticas de la filtración, que se dejarán sentir en las próximas elecciones norteamericanas y en la lucha contra el terrorismo, el problema surge con el tratamiento jurídico que cabe esperar de los hechos documentados. En la práctica totalidad de ellos se contravienen las Convenciones de Ginebra, tanto en el trato que se debe dispensar a los detenidos como en el comportamiento hacia las poblaciones civiles. Naciones Unidas no avaló la invasión, aunque sí legalizó a posteriori la ocupación. Y fue durante la ocupación cuando tuvieron lugar los hechos dados a conocer por Wikileaks, algunos posiblemente constitutivos de crímenes de guerra. Tanto como Estados Unidos, Naciones Unidas está obligada a dar una respuesta.

La guerra más injustificada de la historia reciente fue conducida con procedimientos que ensucian cualquier causa que se invoque. Ese es el aterrador balance de una aventura sobre la que, todavía hoy, sus principales responsables aseguran sentirse orgullosos de haberla emprendido