Es curioso que el título de una de las novelas del escritor norteamericano Alfred Bester, sin duda una de las favoritas de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, tenga que ver con su actual situación. La de un depredador sexual desbaratado ante los reveladores y luctuosos hechos que se acaban de destapar.

Veamos lo que ha ocurrido y cómo se han ubicado los personajes de esta historia cuyo desenlace aún no está del todo definido. Porque a pesar de que los medios de comunicación, un número considerable de periodistas, así como de católicos militantes, y miembros de la denominada Familia Sodálite han puesto el grito en el cielo, protestando por la ausencia de sanción al abusador sexual que construyó una organización religiosa para, a través de ella, abusar del poder, Figari se mantiene impune.

Es verdad que la implementación de destructivas dinámicas de persuasión coercitiva empleada en sus sodálites durante largos años han tenido un efecto decisivo, particularmente en la cúpula gobernante. Pues en ellos se percibe actualmente la eficacia del adoctrinamiento al que fueron sometidos, afectando sus libertades, secuestrándoles las mentes, desestructurando sus personalidades, convirtiéndolos en adeptos acostumbrados a vivir en una comunidad cerrada, incapaces de percibir las cosas tal como son. Como le ha ocurrido, por cierto, al propio Figari, quien vive enajenado de la realidad.

Por su parte, el cardenal Juan Luis Cipriani, al percatarse de que sus artificiosos argumentos respecto de la supuesta “incapacidad” del Tribunal Eclesiástico para investigar casos de abusos sexuales perpetrados por miembros de la iglesia católica en su jurisdicción, no eran creíbles, decidió cambiar de estrategia. Porque, para colmo, salió a enmendarle la plana nada menos que la Conferencia Episcopal Peruana, la máxima instancia del catolicismo en el país.

En un concluyente comunicado le dice bien clarito que, “sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se refiere solo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas”.

Y se lo dice citando un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de principios del 2011, precisamente el año en que las tres denuncias contra Luis Fernando Figari se presentan formalmente ante el Tribunal Eclesiástico que preside el padre Víctor Huapaya, de la familia del Opus Dei, y modera el arzobispo de Lima. Así que lo siento por el cardenal, pero más claro ni el agua.

O sea, si no se entendió bien: Independientemente de las funciones que cumple dicho tribunal, al identificar la gravedad de las acusaciones, los padres Huapaya y Gaspar (clérigo de la familia del Opus y juez de la mencionada entidad), junto al arzobispo de Lima, debieron derivar los casos a las autoridades civiles pertinentes por tratarse de crímenes sexuales, antes de enviarlas a Roma. Y la majadera versión de Natale Amprimo en el sentido de que, “como Figari es laico, las leyes canónicas no se le aplican”, se fue al tacho en un tris. En buena cuenta, lo que recibieron Gaspar, Amprimo, Huapaya y Cipriani por parte de la presidencia de la Conferencia Episcopal fue una sonora patada en el culo.

Sin duda Cipriani cayó en la cuenta, a última hora, de que, así las cosas, habían pasado cuatro años y no había hecho nada para enfrentar el caso. Había pecado de omisión, es decir. Hasta que se puso las pilas debido a la presión mediática. Y ya recordarán todo lo que le dijo al superior general del Sodalicio para salvar su pellejo. “¡Sepárelo!”, bramó. Entonces todos creímos que después de tremenda despepitada y ante las evidencias reconocidas por el propio Sodalitium en un comunicado, la cosa se zanjaba ese día y la indicación no iba a caer en saco roto. Pero no. Nos equivocamos de cabo a rabo.

Alessandro Moroni, jefe reconocido del SCV, no hizo nada. Y se zurró en la advertencia arzobispal. El punto más peliagudo vino casi inmediatamente, como recordarán los que han venido siguiendo el tema. Apareció Juan Armando Lengua Balbi del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano como abogado defensor del cuestionado Figari. Para anunciar que no piensa dar la cara. Ni responderá por los gravísimos cargos que se le imputan. “No deben citar a mi defendido si no tienen nada concreto que preguntarle”, le dijo a Sandra Belaunde en El Comercio. Con lo cual volvemos al inicio. Al silencio escandaloso y cómplice y elocuente. Al silencio encubridor y perturbador. Al silencio que no solo daña más la ya maltratada imagen del Sodalicio, sino la de la iglesia católica en el Perú.

TOMADO DE LA REPÚBLICA, 8/11/2015