“El Congreso ya sabemos de quién es”, expresó con tonito insolentón el fujimorista Pedro Spadaro. Como un can que marca su territorio. O algo así. Denotando de esa manera que la organización que fundó Alberto Fujimori mantiene incólume su esencia autocrática y despótica.

El fujimorismo sigue siendo lo mismo de siempre. Populismo autoritario. La Camorra en plan chicha. El contubernio y la mentira como estilo de conducta. Ya lo vimos con Chlimper. Y ahora lo acabamos escuchar de Spadaro. Y también de Luz Salgado: “No puedes tender puentes con alguien al que llamaste narcotraficante”. Como si ellos, los fujimoristas, se hubiesen comportado con la mesura y fineza del mayordomo de Batman. Como si ellos, a lo largo de la campaña, no hubiesen lanzado jamás ni un solo epíteto de grueso calibre.

Y es que, como acaba de escribir César Hildebrandt en su semanario: “El fujimorismo no es, estrictamente hablando, un partido político. Esa es la máscara y la coartada. El fujimorismo es, antes que nada, una estructura dinástica, una familia mafiosa, una vasta telaraña de intereses cuyo fin es secuestrar otra vez al Estado”.

Más todavía. Es previsible que esto último siga siendo uno de sus objetivos. Porque queda claro, por el comportamiento arrogante y beligerante de sus principales voceros, que estos van a arremeter con todo. Con sangre en el ojo y a la mala. Pues al anunciar a los cuatro vientos que no habrá diálogo, entonces la maniobra queda al descubierto. Van a tratar de tumbarse al gobierno entrante. Sin concederle nada. Hasta asfixiarlo. Por lo demás, con la bancada que tienen (73 escaños) pueden traer abajo al Presidente en el momento que quieran. Solo tienen que sumar siete parlamentarios para solicitar la vacancia presidencial.

Un informe del semanario Hildebrandt en sus trece, firmado por Eloy Marchán, revela algunos de los escenarios que podrían presentarse en esta eventualidad –bastante realista– en la que el fujimorismo procuraría crear un clima de conmoción con el propósito de desestabilizar y chancar al ‘pepekismo’, como quien aplasta a unas pobres plantas trepándose a un macetero.

“Keiko considera que mientras menor sea el margen por el que perdió las elecciones, menos legitimidad tendrá PPK ante la población”, le confesó a Marchán un informante naranja. Y en esta estrategia de coparlo todo y controlarlo todo y manejarlo todo, obviamente tomaría, en primer término, las riendas del Congreso. 

Según la nota de Marchán, la nueva presidenta del Parlamento sería Cecilia Chacón y la vicepresidencia se la darían a Javier Velásquez Quesquén. Y en esa misma línea de acción tomarían por asalto las jefaturas de las comisiones claves. Como la de Fiscalización, Presupuesto, Economía, Constitución, Defensa y Relaciones Exteriores, entre otras.

De ser cierta esta conjetura, a partir de agosto podrían bloquearse algunos de los empeños del nuevo gobierno anunciados en el programa de Peruanos Por el Kambio. 

Volviendo al semanario de Hildebrandt, PPK empezaría desde el 28 de julio con un “plan de emergencia” que contemplaría diez iniciativas centrales. La primera y más urgente sería pedirle al Congreso incrementar el presupuesto asignado al Ministerio del Interior del 1.35% que tiene actualmente al 2.3% del PBI. Con ello aspiraría a “mejorar las condiciones salariales del personal policial para contar con los efectivos a tiempo completo y desplegar así un esquema integral de seguridad ciudadana en las zonas del país que demandan más atención”. Como Trujillo, por ejemplo.

“Una segunda medida inmediata será la conformación de un grupo de trabajo multidisciplinario para identificar, dar seguimiento e implementar las reformas legislativas y las propuestas técnicas y administrativas elaboradas en el año 2004 por la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus)”, la cual fue abandonada totalmente por los tres últimos regímenes. De acuerdo a esta información, este equipo estaría liderado por el ex fiscal supremo Avelino Guillén, “a quien contemplan nombrar ‘zar anticorrupción’”, escribe el periodista Américo Zambrano.

Y así, se anunciarían otras iniciativas para aplicarse en el ámbito económico y educativo, considerados como prioritarios. Pero claro. Sin el apoyo del Congreso, todas esas resoluciones podrían caer en saco roto. Si el objetivo es sabotear, obstruir, bloquear, chantajear, y meter cabe, con el ánimo de debilitar a la nueva administración y, de paso, a nuestra ya frágil democracia, pues qué quieren que les diga, estamos jodidos. Y estaremos nuevamente en manos de estos arribistas del poder, que, ya lo advirtieron, harán del Congreso su chacra, su feudo, su propiedad privada. Digo. 

TOMADO DE LA REPÚBLICA, 12/6/2016