Las cosas como son. No voy a negar que hubo fujimoristas que fueron la excepción. Pero claramente fueron los menos. Y el fujimorismo como bloque parlamentario decidió darle una bofetada y escupirle en la cara a las víctimas del Sodalicio. Casi, casi como si les importara un pepino. O sin casi.

 

Conclusión. El fujimorismo decidió que no se investigue a una institución que, durante décadas, instaló un sistema de abuso de poder y diseñó una arquitectura de ropaje religioso para perpetrar crímenes y delitos de todo tipo: desde violaciones a los derechos humanos, pasando por casos de “esclavitud moderna”, hasta abusos sexuales. No solo ello. Ante la abdicación del ministerio público bajo los argumentos más insólitos y extravagantes, y luego de conocer un informe de parte, pagado por la propia institución, es decir, en donde se reconoce que hay más pederastas dentro de la sociedad de derecho pontificia, así como que existen otros que formaron parte de ella pero que ahora están sueltos en plaza, y no han querido dar sus nombres, ahora se suma el Congreso de la República. Gracias a la mano que mece la cuna, que en este caso es el fujimorismo.

 

Porque a ver. Este no era un tema de “violaciones”, como quiso relativizar el legislador Galarreta. Este era un caso de interés público, que no había sido resuelto a cabalidad, en el que la verdad todavía no se conoce a plenitud, donde más pederastas, además de encubridores y cómplices aun permanecen en la organización que creó Luis Fernando Figari a imagen y semejanza de sus perversiones. Este era un caso que puede afectar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Este era un caso que, al no fiscalizarse, lo más probable es que se repita en un futuro próximo.

 

Y no me vengan con que el Parlamento no se mete en temas “judicializables”, como dio a entender Galarreta, pues hay decenas de ejemplos en los que el Congreso ha formado comisiones investigadoras por quítame esas pajas. El Caso Lava Jato es el más reciente, si es que por ahí hay algún despistado que todavía no se dio cuenta del argumento falaz de Galarreta, quien a veces pareciera tener menos luces que una lancha de contrabando.

 

Como sea. Insisto en que la moción del congresista Alberto de Belaunde, apuntalada por Marisa Glave, debió aprobarse. Porque me parecía un imperativo político enfrentar este fenómeno que hemos visto en otros países, como México y Chile, entre los cercanos. Pero también los hemos visto aparecer con asco en Estados Unidos, Irlanda, Bélgica y Alemania. Entre los principales. Y para que vean que se trata de un tópico capital, revisen lo que está ocurriendo en Australia, donde han formado una Comisión para determinar la magnitud del problema de los abusos sexuales a menores, y a partir de ahí emprender soluciones efectivas. Australia era un referente a seguir, o sea. Pero los fujimoristas prefirieron seguir el ejemplo de México, donde la impunidad triunfó en el caso de los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta favorito de Juan Pablo II, Marcial Maciel.

 

La creación de la Comisión, además, como anotó Augusto Álvarez Rodrich en su columna de hoy en La República, era un objetivo indispensable “para darle visibilidad a un hecho inaceptable que la justicia peruana y el Vaticano quieren enjuagar para blindar a estos delincuentes”.

 

“Es lamentable –continúa Augusto- que pongan el grave problema del abuso sexual de menores como parte de una negociación política y no como un asunto de fondo por resolver (…) (porque) en el Perú es muy fácil ser un pedófilo, durante mucho tiempo, debido a la indiferencia, los silencios cómplices y el espíritu de cuerpo de los colegas de los violadores, así como de la protección que les dan muchas autoridades, dentro y fuera del país”. Como el Ministerio Público, y ahora el Congreso, si no quedó claro.

 

Por un momento, el Parlamento se constituyó en una luz al final del túnel para muchísimas de las víctimas del Sodalicio. Pero ya ven. Los fujimoristas prefirieron soplarle la pluma a la Defensoría del Pueblo, y le quitaron el cuerpo a su responsabilidad de fiscalizar y de citar de grado o fuerza a los pederastas y cómplices que aun no han sido sancionados de ninguna forma. Crear un subgrupo de trabajo, como un apéndice de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es una finta, un gesto para la platea, demagogia pura y dura. Y el proyecto de ley de imprescriptibilidad era algo que se caía de maduro.

 

Más honesto habría sido reconocer que no querían investigar. Que no querían meterse con un aliado táctico, como es el Sodalicio. Que no querían chocar con la iglesia católica. Eso habría sido preferible, creo, a quedar como unos cabrones. Para todos los efectos (aunque yo, la verdad, esperaba poco o nada del fujimorismo), ha quedado demostrado una vez más que fujimorismo e impunidad son sinónimos. 


Fujimorismo e impunidad, si me apuran, no solo es que sean equivalentes, sino que son exactamente lo mismo. La impunidad es, digamos, su marca de fábrica. Lo acabamos de constatar por enésima vez.