No es que no entiendan. Es que son así. Detestan la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa independiente. Y no de ahora, sino de siempre. En el pasado, por ejemplo, para el general Juan Briones Dávila, ministro del Interior del fujimorismo, propalar una información distinta a la que manejaba su gobierno significaba hacer terrorismo informativo. Tal cual.
Ya Fujimori, en el 93, luego del zarpazo de abril del año anterior, sostenía que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) debía evaluar las informaciones periodísticas que no concordaran con la “versión oficial”. Sic. Porque si hay algo que fascina al partido naranja desde sus tiempos aurorales es la posibilidad de tener un censor propio o advenedizos funcionarios que siempre les den la razón a los fujimoristas.
Claro. Para ellos es normal. Para el resto, se trata de andanadas contra la prensa. Para ellos, los fujimoristas, los buenos tiempos son los de 1992 hasta el 2000, cuando Alberto Fujimori se entronizó a la mala como un líder autoritario, usando la fuerza bruta, los tanques y la soldadesca para entornillarse en el poder. Cuando el reporte anual del Comité de Protección a los Periodistas indicaba en aquel entonces que el Perú ocupaba el quinto lugar entre los países con mayor número de denuncias contra la prensa. Hacia 1999, el Perú ya era el país con mayor número de demandas ante la Comisión Interamericana de DerechosHumanos. Veintiuna en total. Y de esta veintena, la mayoría acusaba agresiones contra el ejercicio de la libertad de prensa.
Testigos de estos atentados contra el periodismo independiente los hay a pastos. Gustavo Gorriti. Fernando Yovera. Enrique Zileri. Ricardo Uceda. César Hildebrandt. Cecilia Valenzuela. Carlos Basombrío. Ernesto de la Jara. Ángel Páez. Edmundo Cruz. Fernando Rospigliosi. Y otros tantos que fueron denunciados y/o amenazados con juicios y demandas o el reclamo de reparaciones civiles. Para no mencionar a Baruch Ivcher, a quien le confiscaron su canal de televisión.
Para el fujimorismo, insisto, la mejor libertad de expresión es la que no existe. O, mejor todavía, es la que ellos controlan. O la que funciona a base del miedo y del susto y de la autocensura. Como la que funcionó en los noventas, es decir.
Bueno. Ahora vuelven a las andadas con un proyecto de ley que pretende controlar los medios. La aberración es hija de las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, pero también es respaldada, cuándo no, por Luis Galarreta, Héctor Becerril y otros legisladores connotados de la bancada naranja. La iniciativa legislativa ha sido bautizada con el eufemístico título: “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población”. Pura cachita, o sea. Y harto cinismo.
El artículo 2 del proyecto de ley 1027 indica que quienes tienen sentencia firme o son investigados por el ministerio público por delito de corrupción no podrán ser directores periodísticos ni editores ni productores ni ejercer “cargo análogo”.
Y claro. Como inferirán los aguzados lectores, bastará que cualquiera formule una denuncia contra un periodista incómodo, chúcaro, o muy crítico, para inhabilitarlo con este proyecto que tiene forma de bazuka. Si me preguntan, se trata de una nueva ley mordaza que no se le ocurrió ni a Vladimiro Montesinos en sus tiempos dorados. Ni a Hugo Chávez cuando estuvo vivo. Pues con la excusa de combatir la corrupción se restringe la libertad de prensa y los contenidos periodísticos. “El mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor”, como ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El lanzacohetes de Letona (quien es abogada, pero no lo parece) apunta a la intervención del Estado en instituciones privadas, con artificios supuestamente éticos, para decidir asuntos lesivos y atentatorios contra las principales libertades.
Encima, el esperpento de Letona –“cultora de un fujimorismo vintage”, como la describe un editorial de El Comercio- propone la creación de una veeduría ciudadana, regulada por el MTC, para “garantizar el derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios”. Según el ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor GarcíaToma, la veeduría es una “fiscalización estatal encubierta”. Porque ojo. En ningún lugar se especifica qué funciones tendría. Por lo que, no se descarta que censure programas de televisión. Censura eficaz y burda, por donde se le mire, o sea. Porque a este despropósito de Letona se le ve el plumero a un kilómetro de distancia. El símil que algunos medios han hecho con el Ministerio de la Verdad imaginado por George Orwell y la Superintendencia de la Información y Comunicación de Rafael Correa en Ecuador, no puede calzar mejor.
Por lo demás, como anota Semana Económica, “esta norma no solo atentaría contra la libertad de expresión, sino también contra la propiedad, las libertades de trabajo, empresa y asociación, y la reinserción social de los que cumplen su condena”.
“Es alarmante esta iniciativa, que se convierte en un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse, señale y procese a un periodista o al director de un medio con la intención de silenciarlo”, ha enfatizado Matt Sanders, presidente de la SIP. Por su parte, la presidenta del Congreso, defendiendo el mamarracho, soltó una frase delirante. “Nosotros siempre hemos respetado la libertad de expresión (…) no hay que crear alarmas”, dijo Luz Salgado.
Para Roberto Pereira, abogado especializado en tópicos libertarios que tienen que ver con los medios de comunicación, la especie legislativa presentada por el fujimorismo es “peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión”. “En el Perú es muy fácil denunciar a alguien por corrupción y es muy fácil también que le abran una investigación. Además, el sistema de justicia padece de serios problemas de corrupción”, comentó en La República.
“El proyecto es tonto, pero de ninguna manera inocente”, escribe Mirko Lauer en su columna. E interpreta el hecho como una maniobra “para tratar de neutralizar cualquier influencia de José Graña Miró Quesada, ex presidente de Graña y Montero, en El Comercio, donde es principal accionista individual, aunque actualmente no director. En realidad la idea de fondo empezó en el diario Expreso, donde la fujimorista Martha Meier MQ estuvo refugiada hasta hace poco con una columna, y donde se reclamaba prácticamente que las acciones de Graña no pudieran votar. Ahora Meier ha vuelto a El Comercio como integrante de la minoría del directorio. El proyecto parece ser la primera carta en su nuevo juego”.
Como sea. “Se estaría regresando a épocas oscuras del Perú en las que la libertad de prensa estuvo secuestrada por el gobierno de Alberto Fujimori”, como ha manifestado la SIP.
