“Hemos venido al Congreso a legislar no solo en temas cómodos, sino también en los que resulten incómodos para ciertos sectores”, le dijo Úrsula Letona a Mariella Balbi en Perú21 el pasado domingo. Y ya adivinarán. Lo hizo en alusión a su nefasta iniciativa que pretende limitar la libertad de prensa.

 

Balbi le pide que mencione un antecedente. Letona responde “el caso de Rodolfo Orellana, que utilizaba una revista, Juez Justo”. Como si esa pinche revista hubiese tenido algún tipo de influencia relevante en la opinión pública local. No menciona más casos.

 

Balbi vuelve a la carga y le recuerda que, de haber existido su ley tampoco se le hubiese aplicado porque Orellana no estaba condenado. Y alucinen su respuesta. “Sabíamos qué clase de persona era”.

 

¡¿En serio?! O sea, la cosa es al ojo. Está procesado, todavía no está condenado, pero ya sabemos quién es, así que patada en el culo, fuera del diario -o revista- y que venga otro que lo reemplace. Y al escuchar el ejemplo, la verdad, uno no puede dejar de pensar en el caso El Comercio y las ganas que debe tener Marta Meier Miró Quesada de hacer eso mismo con su primo Pepe Graña, cuyo paquete accionario es mayoritario en el directorio. Pero que si no tuviese la mayoría accionaria, al aplicársele arbitrariamente la Ley Letona entonces la otra podría volver a hacer de las suyas con toda la sangre que tiene en el ojo. Que no es poca, como sabemos.

 

Al caer en evidencia, pues la entrevistadora se lo enrrostra, Letona trata de curarse en salud. “No tiene nombre y apellido. El proyecto es contra los corruptos”. Y más adelante añade: “Ni Alejandra (Aramayo) ni yo tenemos un pasado oscuro”. Y ello lo dice, ya saben, antes de que Canal N y América Televisión descubran el pasado extorsionador de la congresista fujimorista.

 

Es que son de mamey. Que la legisladora Úrsula Letona mantenga una posición disparatada y atentatoria contra la libertad de expresión no significa que, en la eventualidad de que su mamarracho se vuelva ley, el resto de peruanos nos quedemos estáticos e impávidos ante el despropósito.

 

Por un lado, comprendo lo que pasa. Los fujimoristas son incapaces de entender que el único límite de la libertad de prensa es el Código Penal. Ergo, no se percatan de que su iniciativa incluso va contra la Constitución de la que tanto se jactan. Pues sus criterios y valoraciones no son democráticos sino absolutistas. Porque a ver. Esa misma Carta consagra el derecho de “toda persona” a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (artículo 2,4).

 

Así las cosas, como ha expresado Federico Salazar en El Comercio con una contundente columna: “Toda persona es eso: ‘toda persona’. No hay exclusión”. 


¿Eso supone que uno se está poniendo de parte de los corruptos? Evidentemente que no. “En materia de prensa no debe haber ley especial. Esto no lo entiende la señora Fujimori (…) El proyecto de ley del fujimorismo supone que toda la ciudadanía es (…) tonta”, advierte Federico. Y añade más adelante: “Los casos de corrupción no deben ser usados como coartada para vulnerar el principio de la libertad de prensa”.

 

Más claro ni el agua. A ver si les queda claro de una buena vez. Digo.