Bueno. Al parecer no todo está de cabeza en nuestra gamberra realidad nacional.
Luego del despropósito de la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, quien decidió archivar el Caso Sodalicio con los argumentos más bobos y majaderos que puedan imaginarse, el fiscal superior Frank Almanza emitió una resolución jalándole la alfombra. Y de paso, las orejas. En ella, con argumentaciones basadas en el sentido común y la perspicacia, no solo la dejó en ridículo, sino que le enmendó la plana, ordenó la reapertura del caso, y este cayó en manos de la fiscal María Janine León Pizarro, de la 18ª fiscalía provincial penal de Lima, les cuento.
Y esta magistrada del ministerio público ha tenido una iniciativa que, si fuésemos un país serio, no debería caer en saco roto. Ha elevado un informe al Doctor Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Coordinador de Crimen Organizado, sustentando por qué el Caso Sodalicio debería atenderlo una de sus fiscalías especializadas.
La fiscal León Pizarro ha identificado cinco filones que, en su opinión, deben ser investigados a cabalidad: 1) la supuesta organización criminal paralela ejercida por Luis Fernando Figari y los otros siete denunciados. 2) la supuesta privación de las libertades de los denunciantes, donde se incluye el arriba firmante. 3) los supuestos maltratos físicos y psicológicos y de índole sexual. 4) las supuestas perversiones sexuales y abusos sexuales cometidos por miembros de la institución contra menores de edad y que se habrían prolongado en el tiempo. 5) el presunto auge económico irregular que desarrolló el Sodalicio.
Dice la fiscal León: “Existen indicios suficientes que permiten, preliminarmente, imputar a los denunciados Luis Fernando Figari Rodrigo, Jaime Baertl Gómez, Virgilio Eugenio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, Eduardo Antonio Regal Villa, Óscar Tokumura Tokumura y Erwin Scheuch Pool por haber constituido e integrado una organización criminal paralela al Sodalitium Christianae Vitae, repartiéndose funciones y con carácter estable, con la finalidad de cometer los delitos de secuestro, lesiones graves, abusos sexuales y –añade una novedad la fiscal- lavado de activos”.
Y añade: “Los hechos señalados deben ser investigados por una Fiscalía Especializada de Criminalidad Organizada”. Para darle sustento a su aserto, cita el artículo 2 de la Ley 30077: Califica como organización criminal “cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves”. Entre estos delitos, por cierto, se encuentran el secuestro y el lavado de activos.
“De la información recabada en la carpeta fiscal (…) se verifican indicios relevantes de la existencia de una organización criminal integrada por los denunciados Luis Fernando Figari, Jaime Baertl, Virgilio Levaggi, José Ambrozic, José Antonio Eguren, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch, en la que se repartieron tareas funcionales para cometer los delitos de secuestro y lesiones psíquicas, así como un presunto delito de lavado de activos al existir un incremento patrimonial inusual para una organización sin fines de lucro”, reitera la fiscal León Pizarro.
La fiscal León está segura de que, si el Caso Sodalicio es tomado por una fiscalía especializada de criminalidad organizada, hay más posibilidades de llegar incluso a otros integrantes que habrían sido cómplices de darle viabilidad a esta institución paralela con tapadera religiosa. Subraya asimismo una serie de hechos “que no fueron investigados por la Vigésimo Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima a pesar de la evidencia de una estructura financiera elaborada y desarrollada por los investigados para obtener ingentes ganancias”. Y menciona negocios “que distan de estar relacionados a fines religiosos y por el contrario evidencian presuntas actividades financieras irregulares”. Más adelante, agrega: “Al parecer, el Sodalicio se estaría valiendo de diversos beneficios tributarios otorgados por las normas peruanas a las instituciones religiosas para obtener una mayor utilidad”.
Y en otro momento, comenta: “Las investigaciones realizadas por La República y Caretas evidencian que el Sodalicio, al amparo de los beneficios tributarios, estaría utilizando una serie de asociaciones y empresas vinculadas a la organización para realizar operaciones con claros fines lucrativos y obteniendo una utilidad neta. Perjudicando de esta manera alEstado peruano”.
Por su parte, la indolente e incompetente fiscal María del Pilar Peralta no deja de recibir chiquitas y codazos en la cara. “Debido a que la Fiscal Titular de la Vigésimos Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima no realizó acto de investigación alguno ni solicitó información ante los indicios de presuntas operaciones financieras irregulares a fin de mantener el crecimiento y auge económico del Sodalicio, este Despacho ha tenido que recurrir a la información y evidencia brindada por medios de prensa”, apunta el informe de la fiscal León.
Y va rematando poniendo el dedo en lo medular, en aquello que nunca quiso ver la fiscal Peralta. “Por la naturaleza y multiplicidad de los actos cometidos, es opinión de este Despacho que los delitos que se habrían cometido no fueron espontáneos ni simples incidentes dentro de una organización clerical, sino todo lo contrario, que los abusos psicológicos, sexuales y contra la libertad así como presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al lavado de activos, serían una práctica sistemática al interior del Sodalicio de Vida Cristiana”.
Apostilla adicionalmente algo que cae por su propio peso. Y es que, todavía no se ha identificado a todas las personas que padecieron los abusos del Sodalicio y su cultura perversa. Y que la complejidad de la investigación en torno a este caso no se circunscribe únicamente a Lima, sino que su extensión es mucho mayor, haciendo más compleja la investigación. ¿O acaso este sistema retorcido implantado por Figari y su cúpula solo se circunscribió a las comunidades sodálites limeñas? ¿No se produjeron abusos, por ejemplo, en ninguna de sus ramas femeninas? Pregunto nomás.
Así las cosas, la fiscal León Pizarro remata en su reporte de doce páginas: “Por los argumentos antes expuestos, este Despacho considera que la competencia material y especial para la investigación de estos hechos corresponde a la Fiscalía Especializada de Criminalidad Organizada”.
¿Se dará el milagro? En el Perú, pasto de demagogia barata y decisiones inexplicables, nunca se sabe. Por lo que, parafraseando a Arturo Pérez-Reverte, podríamos concluir que, estando como estamos en el Perú, y por muchas pegas que se pongan al asunto, todo será, tarde o temprano, como suele. Pues aquí, en el Perú, todo disparate y estupidez tienen su asiento.
Pero en este caso, la verdad, aunque sea por una sola vez, nos gustaría pensar distinto.
