El fujimorismo, encabezado por el congresista Carlos Tubino, acaba de empaquetar uno de sus típicos proyectos de ley con tufazo a emboscada. Me refiero a aquel que pretende meter preso a todo ciudadano que ose criticar o cuestionar o satirizar a personas y/o instituciones de carácter religioso, bajo absurdos pretextos que se hacen trizas al pasar la prueba de la realidad.

El proyecto de marras propone, en síntesis, que se incorpore en el Código Penal el “delito contra la libertad religiosa y de culto”. Ello supondría la modificación del Título IV del Código Penal, referido a los delitos contra la libertad y de culto. Así las cosas, “el que (…) mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. La pena puede subir hasta quince años si se produce algún tipo de daño físico.

Demás está decir que la iniciativa de Tubino y otros keikistas como Rosa Bartra y Víctor Albrecht y Paloma Noceda, entre los principales, no tiene argamasa para sustentar una tesis mínimamente coherente. En el fondo, lo que enmascara la idea de Tubino es una ley que castiga la blasfemia y la libertad de expresión que “ofenda” o hiera ciertos sentimientos religiosos. Es eso.

Porque a ver. La libertad religiosa ya está garantizada en la Constitución. Entonces, ¿por qué tanta bulla si el suelo está parejo? ¿Qué calificaría, por lo demás, como delito contra la libertad religiosa? Pues cualquier cosa. Como no existen demarcaciones claras sobre dichas “ofensas”, “desprecios”, “agravios” o “insultos” a la libertad religiosa y de culto, los estrambóticos delitos podrían comprender desde una caricatura de Andrés Edery o de Álvaro Portales hasta una crítica al papa en un artículo de opinión. Desde una exposición de la escultora Cristina Planas hasta una investigación periodística sobre el Sodalicio.

Si esta ley se hubiese aprobado y entrado en vigencia algunos años atrás, el periodista José Enrique Escardó habría sido enjaulado debido a sus corrosivos comentarios sobre la institución católica y sus señalamientos al Sodalicio. Los periodistas Cecilia Valenzuela y Diego Fernández-Stoll, de igual forma, habrían sido encarcelados por la Ley Sodalicio cuando lanzaron el primer informe periodístico que denunciaba a esta organización. Y al psicoanalista Jorge Bruce lo habrían recluido en Lurigancho por haber lanzado, sin pruebas, que en la entidad religiosa fundada por Luis Fernando Figari probablemente habían “prácticas de sujeción homosexual”. O el periodista Juan Carlos Tafur, cuando fue director de Diario16, y la redactora Lina Godoy, habrían sido puestos tras de rejas con el úkase legislativo del fujimorismo. El primero habría recalado en Piedras Gordas y la segunda en Santa Mónica. ¿Por qué? Por señalar al líder espiritual del Sodalicio como un depredador sexual, en el año 2011.

Recordemos que, en esos tiempos, luego de la denuncia de Tafur, el Sodalitium era una máquina blindada, que gozaba de la credibilidad y respeto de las autoridades católicas vernáculas y vaticanas, así como de buena parte del empresariado nacional y de un sector importante de los sectores más acomodados de Lima. Sin mencionar, por cierto, el empoderamiento e influencia que detentaba entre lo más graneadito de nuestra clase política.

Tan fuertes se sentían entonces, que el sodálite Andrés Tapia le remitió una carta amenazadora a Tafur, en la que le decía, en primer término, que Figari y tooodos los miembros de la familia sodálite se sentían ofendidos y agraviados, por lo que estaban considerando querellarlo. O algo así. Con la Ley Sodalicio de Tubino, la querella habría sido innecesaria.

¿Más ejemplos? En octubre del 2012, la secretaría cultural de Miraflores, liderada por Luis Lama, presentó la exposición “Así sea”, de la artista Cristina Planas, una suerte de reflexión sobre la muerte y la religión, en la que se apreciaban los cuerpos desnudos de Jesús, santa Rosa y la propia Cristina. Bueno. Ya adivinarán. Los católicos radicales la calificaron de sacrílega, y el grupo ultramontano Tradición y Acción, filial peruana de la brasilera Tradición, Familia y Propiedad, más conocida como TFP,  presionó con vigilias, protestas y chillas en la puerta de la sala Miró Quesada de Miraflores, frente al municipio, y delante de las oficinas del exsodálite y alcalde de dicho distrito, Jorge Muñoz.

Muñoz, quien por lo visto mantiene algo de la ideología sodálite, si bien es cierto no censuró la muestra de Planas, sí expectoró sin conmiseración a Luis Lama de la municipalidad. Lo más alucinante fue el nivel al que puede llegar la susceptibilidad herida de una fe.

“Más de 7 mil terremotos en los últimos 30 días, así como 66 volcanes que están en estos momentos en erupción en todo el mundo (…) (se explican) sobre todo cuando se tiene en cuenta el creciente número de ataques directos y blasfemia en la persona de Jesús y de María, y en la fe católica (…) La blasfemia está pasando ahora mismo en una Galería en Lima, Perú, donde la muestra "Así Sea" de la escultora Cristina Planas está en exhibición”, sentenció Robert Ritchie, el representante más importante de la TFP en los EstadosUnidos.

Así como lo leen. Pues bien. Eso es lo que se vendría de aprobarse el mamarracho de la Ley Sodalicio. Que se criminalice la crítica. El abogado Juan Manuel Sosa, dijo en Altavoz: “Las personas pueden creer o pensar lo que quieran, pero no pueden pretender que sus ideas no sean objeto de escrutinio y crítica, incluso de maneras que se pueden considerar ofensivas”. Y en el mismo espacio, Betzabé Marciani, profesora de Teoría General del Derecho de la PUCP y especialista en libertad de expresión, comentó sobre el recurso camaleónico de Tubino, claramente al servicio de los religiosos inescrupulosos y fundamentalistas: “Es un completo despropósito que nos regresa al siglo XIX (…) El problema aquí es que se quiere criminalizar ‘insultos’ contra colectivos (…) que uno ‘pueda ofender' sentimientos de grupos o de colectividades, y eso es tremendamente peligroso”. Y añadió: “La tolerancia no es –como señala el proyecto- respetar lo que otros creen, sino respetar el derecho de otros de decir incluso aquello que en ocasiones nos ofende”.

Y ese es el peligro que entraña la Ley Sodalicio de Tubino, que el conservadurismo religioso tenga garras legales para recortar la libertad de expresar críticas o cuestionamientos o denuncias contra personas que pertenecen a instituciones religiosas.

De aprobarse esta ley, el Perú retrocedería a los tiempos de la Inquisición. Pues se sometería el espíritu crítico y se socavaría los fundamentos de una cultura de la libertad. Con la Ley Sodalicio de Tubino se instauraría un sistema de sanciones desmesuradas contra quienes piensen distinto de la idiosincrasia católica. Nadie podría rebelarse o habérselas con ideas o pensamientos que pueden parecerle disparatados o incomprensibles o bufonescos, pero que están eslabonados a una religión o doctrina espiritual en particular.

Tocar esas cuerdas supondría blasfemar, anatemizar, renegar, agraviar, desdeñar, maldecir contra la libertad religiosa. Y eso, según la Ley Sodalicio de Tubino, solo significaría una cosa: cárcel.