Y Tubino insiste en su despropósito. Lo vi esta semana en la televisión estatal, en una entrevista con Enrique Chávez, machacando su disparate. Y créanme que hice esfuerzos por entender la lógica de lo que decía. Pero era imposible. Chávez estaba frente a un personaje que balbuceaba, profería vaguedades, cantinfladas e incongruencias. Casi, casi como una AKM.
Tubino, si me preguntan, podría ser un magnífico bufón. Y también un inagotable perseguidor de blasfemos. Porque eso es lo que aspira aterrizar el legislador de Ucayali y sus colegas del fujimorismo en el Congreso de la República. Modificar el Código Penal para meter a la cárcel a todos aquellos que no piensen como él, que, ya saben, es un católico cucufato por los cuatro costados. Para enjaular a quienes hagan sátira de algún ensotanado. Para poner tras de rejas a quien ose burlarse del cardenal. Y así.
Que conste que no exagero, pues es lo que castiga explícitamente su iniciativa legislativa: sancionar con pena privativa de libertad a todos los que “ofendan”, “desprecien”, “agravien” o “insulten” a los católicos y sus creencias. También menciona a otras religiones, es verdad, pero pone énfasis en el catolicismo. Y ya inferirán, “las afrentas” a las que se refiere son tan genéricas que todo puede entrar en dichas categorías que quiere convertir en crímenes.
Un comentario impertinente. Una irreverencia. Una burla. Una caricatura cachacienta y faltosa. Un puyazo. Un alfilerazo. Una herejía dicha desde la orilla del ateísmo. Una picardía. O, por qué no, una salvajada de las que hacen sonrojar o lindan con lo obsceno. En la Ley Tubino todo puede ser considerado “ofensa”. Todo. Absolutamente todo.
Augusto Rey recordó en este papel que, cuando el congresista Alberto de Belaunde propuso la creación de una comisión para investigar al Sodalicio por los abusos contra menores de edad, Carlos Tubino fue uno de los que salió con la especie de que sería contraproducente porque se le utilizaría para atacar a la iglesia católica y sus autoridades (léase, cardenal Juan Luis Cipriani).
Este legislador de alma inquisitorial y pensamientos medievales, de esos que a todo le debe poner la etiqueta de pecado, quiere consagrar la intolerancia y darle formato de ley. Porque, en los hechos, lo que quiere es criminalizar la blasfemia. Poner en la sombra a todo aquel que hiera los sentimientos religiosos de cuanto susceptible aparezca por ahí. Ante una exposición de arte. Ante una opinión. Ante una investigación periodística. Ante una película. Ante una obra de teatro. Ante un libro. Ante un comentario en la televisión o en la radio. Ante una viñeta en un periódico o una revista. Ante un desnudo artístico. Ante una canción. Ante una broma en un programa humorístico. Ante un meme. Ante un tuit. Ante lo que sea.
Porque lo que quiere consagrar Tubino es la sinrazón. O la estupidez, que en este caso es exactamente lo mismo. Y claro. Como estamos en el Perú, todo puede suceder. Pero sería un escándalo que los peruanos permitiéramos que una amenaza contra la libertad de expresión de este calibre, progresara. Si lo consentimos, sería como abrirle las puertas a los tiempos de la hoguera y de las parrillas para asar herejes. Si lo consentimos, mañana aparecerá de súbito y sin previo aviso una panda de tontos solemnes y fanáticos soplacirios reclamando penas contra los gays y revivir todo tipo de sanciones que ya no existen por caducas y retrógradas. Si lo consentimos.
Por eso, a estos extremistas vociferantes e integristas extravagantes, que son partidarios de confundir lo religioso con lo temporal, sin capacidad alguna de diferenciar los dominios de la iglesia católica y del Estado, hay que pararles el macho en una. Los oscurantistas y los intolerantes tienen tanta libertad de expresión, como ustedes y como el arriba firmante, y tienen todo el derecho de regurgitar las pampiroladas que quieran, pero de ahí a convertirlas en ley, créanme, es algo que no podemos permitir.
Si cedemos ante este tipo de bestialidades temerarias, el día de mañana investigaciones como las que hicimos junto a la periodista Paola Ugaz, traducidas en libros e informes y artículos de opinión, no existirían. O seríamos perseguidos en plan Salman Rushdie. Y seríamos sentenciados expeditivamente por hacer “escarnio” y desacreditar a una institución “de origen divino, creada para la salvación de las almas”, o algo así. En serio.
La “fatwa” de Carlos Tubino no es ninguna broma.
TOMADO DE LA REPÚBLICA, 4/3/18