El talante autoritario del fujimorismo, como reza el viejo eslogan de Universal Textil, “se mantiene joven aunque pasen los años”. Tal cual. Los ejemplos saltan a la vista. El pasado domingo, un reportaje de Cuarto Poder mostró que durante el viaje a Brasil de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes interrogaron al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fueron víctimas de un particular “reglaje”. El mismo seguimiento se lo hicieron al periodista Daniel Yovera. De acuerdo al informante de América Televisión, esta suerte de espionaje se hizo por órdenes de Keiko Fujimori.

 

Poco antes de ello, en las instalaciones de ATV, ubicadas en la avenida Arequipa, en San Isidro, el congresista Carlos Tubino gatilló un incidente de amenazas y bravatas intimidatorias, con amagos de pelea y advertencias escupidas como espadas de Damocles contra Beto Ortiz y el arriba firmante, al término del programa Beto a Saber, porque, presumo, fue consciente de que la iniciativa de su bancada,cuyo propósito es criminalizar la blasfemia y fue el tema de la discusión, quedó en ridículo. Y su presentación fue descaradamente bochornosa.

 

A mí me dijo con tono de ultimátum y de reprensión que ya me estaba “investigando” y que va a probar que soy un “mercenario”. En serio. Según Tubino, a mí me pagan un salario que viene del exterior, proveniente de organizaciones aparentemente sombrías, y hasta satánicas, pues el propósito de esos dineros apuntan a alquilar mi pluma, e hipotecarla, para atacar con todas mis fuerzas a la sacrosanta iglesia católica. Esta columna, por ejemplo, estaría siendo financiada por estas entidades del mal, que, siempre en opinión de Tubino, tendrían como propósito la destrucción de la institución que jefatura el papa Francisco. No estoy bromeando. Pregúntenle a Beto Ortiz, quien escuchó el disparate.

 

Todo esto me hizo volver a los finales de los noventas, aquellos tiempos cuando el Perú era el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tenía como más de veinte casos presentados ante dicha instancia. De dicha veintena, casi la mitad trataba sobre atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ahí estaban, para que tengan una idea, desde el caso del asesinato al periodista Hugo Bustíos, hasta una serie de demandas de acoso, propiciadas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), contra los periodistas Ángel Páez, Edmundo Cruz, Fernando Rospigliosi, entre otros.

 

El caso más escandaloso, recordarán los memoriosos, fue la persecución al empresario peruano de origen israelí, Baruch Ivcher, quien fue considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como “una de las más serias agresiones a la libertad de prensa en el continente”.

 

A Ivcher se le arrebató arbitrariamente la nacionalidad peruana para neutralizar la línea informativa de su canal de televisión, luego de que denunciara gravísimos hechos y formulara críticas durísimas al gobierno del autócrata Fujimori. Y encima le confiscaron su estación de televisión. Este evento, que nos muestra el rostro más tiránico y abusivo del fujimorismo, seguirá siendo uno de los más infaustos y salvajes atentados perpetrados contra la libertad de prensa en el Perú.

 

Y es que el fujimorismo es eso. Un producto político autoritario, que remueve las bajas pasiones, de ideas rudimentarias y cavernícolas, irrespetuosas de la legalidad y reñidas con las libertades de prensa y de expresión, que tiende a reemplazar el diálogo por el úcase, a sustituir la coexistencia por la excomunión y la discriminación, y que finalmente aspira a imponer sus posiciones como si fuesen dogmas.

 

No es casual que uno de sus principales exponentes sea ahora Carlos Tubino, uno de los personajes firmantes del “Acta de Sujeción” a Vladimiro Montesinos, que se codea con la homofobia y el ultramontanismo reaccionario, y que ahora pretende acorralar y atemorizar periodistas con “investigaciones” -¿financiadas con recursos del Estado?- y presenta proyectos absurdos y trasnochados, sustentados en miedos atávicos, que colisionan frontalmente con la cultura democrática.

 

Antes teníamos a Nicolás Hermoza Ríos, Gilberto Siura, Daniel Espichán, Juan Briones, Martha Chávez, Carmen Lozada de Gamboa, entre los fujimoristas bravucones que justificaban los atentados contra la prensa y los seguimientos y hostigamientos y espionajes, y las maniobras descaradas para embarrar a determinados periodistas. Hoy, a pesar de no ejercer el poder en el Ejecutivo, siguen igualitos como antes, con otras caras, pero con el mismo talante y los mismos métodos execrables. Nada ha cambiado en el fujimorismo.

TOMADO DE LA REPÚBLICA, 25 DE MARZO DEL 2018