No duró mucho el gesto. Una pena. Pero estamos hablando de la iglesia católica, ya saben. Y es de dominio público que las reformas medulares en esa institución pueden tomar siglos, o simplemente jamás se dan. Porque a ver. Si no han caído en la cuenta, porque ya se distrajeron con otras cosas, en Chile, luego de la sonora e histórica dimisión de todo el episcopado de dicho país, la Conferencia Episcopal designó la semana pasada al obispo Juan Ignacio González como presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Iglesia Católica, tras la renuncia del religioso Alejandro Goic.

La noticia, para quienes siguen el tópico de los abusos sexuales perpetrados por curas, cayó mal. ¿Por qué? Porque si algo caracterizó a González fue su indolencia frente a este fenómeno y sus declaraciones ambiguas y hasta favorables sobre encubridores como el cuestionado obispo de Osorno, Juan Barros.

José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza y coordinador de Ending Clerical Abuse (ECA), quien se reuniera con el papa Francisco hace poco, escribió en Twitter sobre el prelado Juan Ignacio González: “Un tipo con la empatía de una piedra, prepotente, despectivo y con historia turbia durante la dictadura. Muy mal. #QueSeVayanTodos los obispos”.

Por su parte, Juan Carlos Cruz, el vocero de mayor notoriedad entre las víctimas del pederasta chileno Fernando Karadima, lanzó el siguiente tuit: “Qué desastre. Protege a Barros, se las da de paladín de las víctimas (…) No entienden nada”.

Murillo, quien junto a Cruz y al médico cirujano James Hamilton, han demostrado ser un trío de infatigables cruzados en la lucha contra la pederastia clerical, recordó también lo siguiente: “Hace un tiempo este obispo nos dijo públicamente que la cortáramos con que nos tenían que pedir perdón”.  

Mala señal entonces la de ofrecerle a un monseñor insensible e indolente tremendo encargo. Ello no es sino síntoma de que poco o nada va a cambiar. Para decirlo con todas sus letras, así me acusen de aguafiestas. Pero las cosas como son. Y al pan, pan y al vino, vino. Es como si acá nombrasen al obispo José Antonio Eguren o al prelado Javier del Río como máxima autoridad de una instancia similar. Más o menos lo mismo.

Y otro detalle. En el Perú, por fin habló sobre el asunto el futuro cardenal Pedro Barreto. ¿Y qué dijo? Pues si Josefina Townsend no le preguntaba en RPP, la verdad es que no iba a decir absolutamente nada, como lo ha venido demostrando hasta la fecha, pero ante la precisión sobre el Caso Sodalicio, Barreto adelantó que el próximo 8 de junio la Conferencia Episcopal, que preside monseñor Miguel Cabrejos, emitirá un comunicado a propósito de la sanción contra Luis Fernando Figari, pues estimó que para tal día la apelación presentada por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana ya habría sido conjurada. Lo curioso es que Barreto dio a entender que el pronunciamiento giraría en torno a la pena, la cual consideró una “sentencia muy dura”.

Y aquí me van a perdonar nuevamente que haga de pinchallantas, pero a ver. ¿Está sugiriendo que la condena a Figari va a cambiar? ¿Se trata de una nueva sanción? ¿O acaso alude a la que ya conocemos y que indignó a todo el mundo? No me quedó claro. Porque si realmente hablamos de una “sentencia muy dura”, ergo no puede referirse a la que dictaminó el dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la cual contó con la mismísima venia de Francisco.

 Ojito con eso. Porque si recordamos bien. El castigo contra Figari, estipulado el 10 de febrero del 2017, consistía en que: a) Figari tenía prohibido retornar al Perú, “condenándolo” a vivir en Roma por el resto de su existencia: qué sufrimiento para más horrible, ¿no?; b) No podía conceder entrevistas a la prensa. O sea, no querían que hable para que no se conozca toda la verdad; c) El Sodalicio debía seguir proporcionándole –como toda la vida- un “estilo decoroso de vida” (de jeque árabe, es decir) en el lugar donde termine residiendo; d) A las víctimas se les dio trato de “cómplices” en el nauseabundo y miserable decreto vaticano; e) Y a los crímenes sexuales del creador del Sodalicio se les denominó “actos pecaminosos”; f) Algo no menos importante: A Figari no se le expulsó de la institución.

Por último, con Paola Ugaz pudimos comprobar que la supuesta investigación vaticana que arribó a esta “durísima sentencia”, como diría Barreto, y habría durado seis largos años, fue una burda y descomunal farsa, pues nunca hablaron con las tres principales víctimas sexuales de Luis Fernando Figari. Nunca. 

En síntesis, si Barreto, Cabrejos y compañía, van a suscribir en su anunciado comunicado la “sentencia muy dura” que ya conocemos, entonces mejor sería que hagan un cucurucho con él y se lo guarden donde no les llegue el sol. Si el castigo va a ser otro, totalmente distinto al que ya conocemos, que suponga expulsión del Sodalicio y una orden explícita para que regrese a Lima a plantar cara ante la justicia y a los medios de comunicación, entonces el arriba firmante será quien haga un cucurucho con esta columna.  

 Y ya para concluir. Mi amiga y colega Pao, coautora de Mitad monjes, mitad soldados, y Alberto Ñiquen, editor de este portal, me acaban de avisar que la Conferencia Episcopal estará brindando una conferencia de prensa en breve. Uno de los ítems, aparentemente, es el documento mencionado por Barreto y que habría sido emitido por la Congregración para las Sociedades de Vida Apostólica sobre el Caso Sodalicio. 

Ajá. Se estarían adelantando entonces al día 8 de junio. Estaremos atentos. Para ver a quién le toca hacer el cucurucho.