El obispo sodálite José Antonio Eguren Anselmi, encargado de la arquidiócesis de Piura y Tumbes, y encumbrado prelado del episcopado peruano, no me quiere. No me quiere nada, si me apuran. En consecuencia, me ha querellado. Por difamación agravada, les cuento. Pretende que me arresten y me arrimen en una celda piurana por tres años. Y, por si fuera poco, aspira a que encima le abone 200 mil soles, que es lo que, según sus cálculos, le debería pagar por “el daño moral” infringido. “Cien mil soles corresponden a la reparación del daño moral y cien mil soles corresponden a la indemnización del daño a la persona”. Tal cual.

 

Para lograr ello, ha contratado al abogado penalista Percy García Cavero, quien aparece como colaborador del Estudio Rebaza, defensor de varios intereses del Sodalicio, y sobre el que Utero.pe acaba de publicar parte de su controversial trayectoria, en la que de paso nos enteramos que es un activo tuitero anticaviar, de los que incluso ha exigido el impedimento de salida del país de Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Figúrense.

 

Pero bueno. Volviendo a la demanda del sodálite Eguren contra el arriba firmante. La querella, que, ojo, pretende llevarme a litigar a Piura, donde Eguren Anselmi y García Cavero son personajes sumamente influyentes en el sistema de administración de justicia, consta de treinta y cinco páginas de tediosa lectura, pues es, cómo les explico, reiterativa hasta el hartazgo. De las diez imputaciones que me enrostran, estas podrían resumirse en tres.

 

Primero, Eguren niega que haya sido “corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalitium”. Ergo, debemos inferir que él fue ajeno a la cultura de abusos que se instaló en dicha organización católica durante cuatro largas décadas. Segundo, rechaza haber participado en incidentes de maltrato psicológico a subordinados. Y tercero, le jode que haga referencia a investigaciones de periodistas solventes y medios que lo vinculan con tráficos de terrenos en Piura.  

 

En resumen, si me preguntan, los cargos delictivos que me achaca son surrealistas por donde se les mire. En serio. Hasta da la impresión de que esto no es más que un intento de amedrentarme o de desquitarse por un post que publiqué en La Mula titulado “El Juan Barros peruano”. Es una suposición, claro. Porque todo lo que esgrime no tiene sentido y se escurre entre los dedos por absurdo. Es más. Intuyo que me hace responsable, en el fondo, de sus posibilidades truncadas para ser cardenal o arzobispo de Lima.

 

Lo curioso en esta historia es que la amenaza a mi libertad de expresión se produce luego de haber enfatizado lo revelado por el chileno Juan Carlos Cruz, uno de los artífices del cambio de la iglesia chilena, hace algunas semanas durante su visita a Lima. Que un miembro connotado del episcopado peruano tiene una grave denuncia de abuso ante el Vaticano, es decir. No estoy sugiriendo que ese “obispo abusador” sea Eguren, por cierto. Pero es sintomático el momento en el que se produce esta agresión legal contra el autor de estas líneas. Y lo otro, no menos importante, es que el empeño legal de Eguren por silenciarme se produce a escasos días de la audiencia que determinará si el Caso Sodalicio pasa al Poder Judicial.

 

Si Eguren y García Cavero piensan que me van a meter miedo, pues se equivocaron de cabo a rabo. Lo único que están demostrando es que el Sodalicio de Vida Cristiana ha vuelto a sus antiguos métodos de intimidación, a través de juicios y bravuconadas judiciales, como en los viejos tiempos. O sea, solo están exhibiendo el comportamiento matonesco del Sodalitium de toda la vida.

TOMADO DE LA REPÚBLICA, 19/8/2018