Hace pocos días asistí a la primera audiencia del proceso que me ha abierto el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, miembro de la “generación fundacional” del Sodalicio, la controversial organización creada por el peruano Luis Fernando Figari, acusado de ser un depredador sexual de menores, junto a otros jerarcas y discípulos suyos.

 

En la Corte Superior de Piura, la jueza Judith Cueva Calle ha admitido una querella que no tiene ni pies ni cabeza. Más todavía. Me ha llevado con fórceps a litigar a dicha región. Y otra jueza está haciendo exactamente lo mismo con mi colega Paola Ugaz, con quien publicamos la investigación que destapó los descomunales escándalos del Sodalicio.

 

Por cierto, Eguren no nos querella por lo que ahí revelamos. Sino por opiniones –bastante críticas, sin duda- que tienen que ver con su rol de encubridor y de cogestor de una institución en la que se instauró una cultura de abuso de poder y por citar investigaciones periodísticas que lo vinculan en asuntos no del todo esclarecidos. Y en el caso de Pao, además, por propalar unos tuits con datos precisos sobre él. En ninguno de estos textos o dichos hay difamación o calumnias o algo así. Pero ya saben. Cualquier pretexto es válido para quienes están deseosos de revancha. Y no hay mejor instrumento que el sistema judicial cuando este es usado como chaveta.

 

Porque a ver. Esto que enfrentamos Pao y yo, si no quedó claro, es una persecución en toda regla. Una persecución que, si me preguntan, también implica un mensaje amedrentador contra quienes se atrevan en el futuro a meterse con el Sodalicio. O con lo que queda de él. Si la jueza hubiese valorado la querella, esta no habría prosperado. Por absurda. Pero estamos en el Perú. Y acá, ya saben, un disparate puede terminar en un ajuste de cuentas cuya motivación es la de reventar al prójimo y arremeter contra la libertad de expresión.

 

A la sala, como era de esperarse, el obispo “ultrajado” nunca llegó, ni dio la cara. Su abogado sacó de la chistera un recurso para estirar la cosa y frustrar la audiencia. La jueza, sin importarle el esfuerzo que hicimos en viajar hasta Piura, atrincherada en su pupitre adornado por una gigantesca biblia y un crucifijo que me recordó viejos tiempos, decidió, en un tris, postergar el tribunal para diciembre. Y en esas estamos. Prolongando la prepotencia. Y aguantándonos la indignación. Qué remedio.

 

Pero no todo es trago amargo. La solidaridad en estas situaciones reconforta. Y funciona como un aliciente. Así las cosas, como el espacio es corto y la vida, breve, no quiero dejar de agradecer la preocupación y el gesto de respaldo y la especial atención de Mario Vargas Llosa a nuestro caso en una entrevista que le hizo Rosa María Palacios para este diario:

 

“A ambos yo les tengo mucha admiración. Son magníficos periodistas, muy honestos. Hay que movilizar a la opinión pública para que no sean víctimas de una injusticia. Ellos han denunciado en un libro -que he leído: un libro que es espléndido y muy serio- las inmoralidades que han cometido muchos sacerdotes. Eso tiene que ser denunciado. Esa es una injusticia que se ha venido cometiendo a lo largo de la Historia. Prácticamente no ha habido país que se haya salvado de esa mancha. Y creo que estos periodistas no pueden ser castigados por haber denunciado una injusticia tan monstruosa como las violaciones, los abusos. Creo que merecen un respaldo que hasta ahora no han tenido en el país”. 

 

Gracias, Mario.

 

Tomado de La República, 25 de noviembre del 2018