Pues lo siento, pero es difícil de tragar. Y lamento ir de aguafiestas, pero no es algo sencillo creerle a las autoridades sodálites. Uno puede comprender que hay momentos de nerviosismo porque están siendo investigados por el Congreso de la República, pero las contradicciones entre el superior encargado del Sodalitium Christianae Vitae, Alessandro Moroni, y el vicario general, Fernando Vidal, son palpables. Particularmente cuando les toca responder sobre el trabajo de las dos comisiones investigadoras convocadas por el propio Sodalicio.
La primera, que no cobró un centavo sino que actuó probono, conformada por cinco profesionales variopintos, habría tenido como propósito acoger a las víctimas. Y esta habría sido informada de la actuación de una segunda comisión, constituida por consultores extranjeros. La primera, se infiere por las declaraciones de Moroni, habría ido más allá del encargo.Tanto, que plantea recomendaciones que el Sodalicio no llega a cumplir. Más todavía. Tres sodálites notables, entre los que se cuenta el propio Moroni (además de Jaime Baertl y Juan Carlos Rivva) califican al informe final de “sesgado” y cuestionan su actuación públicamente.
Sin embargo, ante Alberto de Belaunde, Moroni le baja el tono al incidente. “En ese momento fue como una terapia de shock”, o algo así, dice la cabeza visible del Sodalicio. Y hace la siguiente reflexión: “Esta no es la totalidad de mi experiencia, porque si fuera así no tendría sentido la existencia de nosotros como instituto (…) Da la impresión de que todo lo que ocurrió al interior del instituto fue malo, y creo que no fue así”. En retrospectiva, el balance de Moroni pareciera valorar mejor las cosas. El informe reveló un “aspecto crudísimo” y el aporte de la comisión fue “valiosísimo”.
En cambio, Vidal no habla de dos comisiones, sino de una sola y de un equipo con tres funciones distintas (el que habría estado conformado por Monica Applewhite, convocada para la confección de protocolos de prevención de abusos, Kathleen McChesney, cuya misión era investigar, e Ian Elliott, quien tenía la función de contactar a las víctimas). El abogado del Sodalicio y consultor externo en la crisis, Claudio Cajina, sintetizó el asunto de manera más nítida que Moroni y Vidal. La idea era constituir dos comisiones. La primera para acoger a las víctimas y la segunda para investigar.
Es aquí cuando uno se pregunta: Si desde un principio la tuvieron clara, cuando viajaron a Estados Unidos para asesorarse, ¿por qué no se explicó eso a todo el mundo para evitar las confusiones y la duplicidad de testimonios? Porque a ver. Eso de abrir y reabrir las heridas y evocar hechos tristes y traumáticos y dolorosos, a veces puede ser catártico. Pero otras veces no. Y de eso podemos dar fe cualquiera de los exsodálites que fuimos maltratados en la institución. Digo.
Como sea. Luego Alberto de Belaunde pregunta por qué se señalan solamente los nombres de algunos agresores de menores (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía), cuando el informe habla de cuatro más sin mencionarlos.
Nuevamente hay que esperar a la explicación de Cajina para comprender la lógica de tal decisión, que tendría que ver con “tocamientos indebidos” y “faltas contra el pudor” (eufemismos que, ya saben, pueden significar cualquier cosa en el argot sodálite), llevados a cabo entre adultos, no contra menores. De estos cuatro, uno habría sido Figari, otro sería alguien que no vivía en comunidad y ya no forma parte de la organización, los dos restantes serían sodálites que se mantienen en la comunidad con protocolos de seguimiento. “No constituyen un riesgo para nadie, siempre que se mantengan determinados cuidados”, precisaron. Y claro. Uno se queda con esa respuesta dándole vueltas a la cabeza, replicando: “Ojalá que estos tíos que no se dieron cuenta de nada durante cuarenta años, ahora tengan razón”.
Tomado de La República, 13/1/19
