El evento discurre en una pequeña y austera sala en el Congreso de la República. Una comisión que preside Alberto de Belaunde está investigando abusos sexuales en organizaciones. Una de ellas es el Sodalitium Christianae Vitae. Se presentan a dicha sesión Alessandro Moroni, superior encargado del Sodalicio, Fernando Vidal, vicario general, y el abogado Claudio Cajina.
De Belaunde, amablemente, les cede el uso de la palabra. Moroni, con el rostro un tanto congestionado por el nerviosismo, toma el micro. Y lo hace dirigiéndose a un papel, el cual lee. Lamenta que “algunos miembros” del Sodalicio hayan abusado de la confianza depositada en ellos. Dice sentir vergüenza. Y luego pasa a describir, vía un PPT, a su institución conformada por 130 laicos y 36 sacerdotes. Serían 166 en total, repartidos en 23 comunidades, en 9 países.
Lo primero que intenta explicar Moroni, exhibiendo una línea del tiempo, es cómo los sodálites no se percataron de los abusos físicos, psicológicos y sexuales. “La toma de conciencia ha sido paulatina”, anota. E insiste en que el problema se centra en “ciertos personajes” y algunos “hábitos comunitarios que permitieron dichos abusos”. Olvida decir que dicha “toma de conciencia” todavía no ha sido asumida a cabalidad. Y relega del relato el formateo mental, que es lo que explicaría la inadvertencia de los maltratos.
La línea del tiempo comprende desde el 2008 hasta el 2018. En el 2008, informa Moroni, se iniciaron unas “investigaciones internas” sobre Germán Doig. “Nada de esto es público”, subraya. Recién el 2010 el Sodalicio establecería que Doig (fallecido en el 2001) habría perpetrado abusos sexuales e informa al Vaticano para levantar la “causa” de la beatificación del delfín de Luis Fernando Figari. En diciembre de ese año, “Figari deja de ser superior del instituto”, puntualiza. Suprime la versión oficial de que Figari se retiraba por “motivos de salud”.
En el 2011, las autoridades del Sodalicio hacen públicas “las investigaciones” sobre la doble vida sexual de Doig. Moroni silencia el hecho decisivo de que fue la presión mediática la que les obligó a confesar. En su recuento menciona la aproximación de dos miembros del movimiento que le refieren abusos de Figari. Esto habría sucedido en junio del 2014. Se lo confesarían “bajo sigilo”.
Moroni se esfuerza en ser sintético y alude a los consejos que recibe en los Estados Unidos de formar dos comisiones investigadoras. La primera comisión, enfatiza, era para acoger a las víctimas. Y la segunda, para que haga en paralelo una investigación más profunda. También evoca la supuesta indagación que hizo el visitador apostólico Fortunato Pablo Urcey, obispo de Chota, que se habría enviado al Vaticano y que nadie ha visto hasta la fecha. Ni siquiera la propia gente del Sodalicio.
El resumen apretado de Moroni llega hasta el decreto vaticano del 30 de enero del 2017, en el que se decide no expulsar a Figari pero sí exclaustrarlo (no puede vivir en una comunidad sodálite, es decir). Y en el que se le prohíbe dar declaraciones a la prensa. Figari apela a la Signatura Apostólica. Dicho proceso no ha concluido.
En enero del 2018, la santa sede adopta una medida adicional. Nombra como comisario al obispo colombiano Noel Antonio Londoño Buitrago, junto al franciscano mexicano Guillermo Rodríguez, como comisario adjunto. Eso significa que la autoridad canónica recae actualmente sobre Londoño. En septiembre del 2018, Londoño anuncia una asamblea para enero del 2019 con el propósito de “renovar la comunidad de manera completa”.
En esta intro, los azulados sodálites pasan por alto inexplicablemente el concluyente rol que jugó la exfraterna Rocío Figueroa.
