“La primera condición para salir del subdesarrollo no es una acertada política económica, ni siquiera el funcionamiento de un sistema electoral que permite expresarse a la voluntad popular sin trampas ni recortes. Es un sistema judicial eficiente, de jueces probos, donde los ciudadanos puedan acudir cuando sus derechos sean vulnerados y donde los delincuentes, bribones, estafadores y bandidos de toda ralea puedan ser sancionados. Mientras esto no ocurra y los tribunales sean (…) unos meros testaferros de los poderosos que existen solo para legitimar los robos, las villanías y los crímenes de quienes mandan, ninguna otra institución funcionará, pues todas se verán tarde o temprano contaminadas por la putrefacción que mana del Poder Judicial”.
Esto lo escribió Mario Vargas Llosa en una de sus columnas de febrero del 2004. Y, si me preguntan, es una gran verdad tallada en piedra. Con un sistema judicial poco confiable, en el que la sinrazón y los atropellos y la impunidad y la arbitrariedad forman parte del pan de cada día, el Perú no tiene ningún futuro.
La periodista Paola Ugaz y el arriba firmante lo acabamos de experimentar en las cortes de Piura. Y actualmente lo están padeciendo los periodistas Edmundo Cruz, de esta casa periodística, y Óscar Castilla, de Ojo Público. Y lo pueden atestiguar muchos más. Gustavo Gorriti. Romina Mella. César Hildebrandt. O le pueden preguntar al abogado Carlos Rivera, quien ve varios casos de hostigamiento judicial contra periodistas.
Esta costumbre por criminalizar opiniones e investigaciones periodísticas es un mal síntoma para quienes ejercen el periodismo crítico, que cuestiona ferozmente a los poderes fácticos o expone la corrupción. En el Perú, esto se ha convertido casi, casi en un deporte. O, si me apuran, en una tradición.
Según WOLA, “a partir del 2017, (en el Perú) más de 800 defensores (de derechos humanos y periodistas) se enfrentan a procesos penales”. Muchísimos de ellos son enjuiciados por cargos falsos. Y la Asociación Nacional de Periodistas de Perú ha señalado que “el acoso judicial ha superado a la violencia física como la mayor amenaza para los reporteros”. El propósito es evidente. Se pretende utilizar los tribunales como chavetas en el cuello de aquellos que denuncian a los que abusan del poder. Quieren intimidar. Asustar. Vengarse. No lo lograrán.
Tomado de La República, 5 de mayo del 2019
